¿Quién teme al lobo feroz (también llamado Impuesto a las Transacciones Financieras)?

La tasa Tobin o ITF (Impuesto a las Transacciones Financieras) es una propuesta para gravar el flujo de capitales en el mundo. Surgió a iniciativa del economista John Maynard Keynes, fue desarrollada por el Premio Nobel de Economía James Tobin, en 1971, y reivindicada por diferentes personalidades, en especial por el periodista Ignacio Ramonet, que creó el movimiento ATTAC (Asociaciación por la Tasación de las Transacciones y por la Ayuda de los ciudadanos) con ese objetivo, en 1997.

Esta tasa, según sus defensores, devendría en un instrumento de control de la actividad especulativa y aportaría estabilidad para evitar futuras crisis económicas. Pero además, contribuiría a salvar millones de vidas si un porcentaje de dicho impuesto se destinara a las necesidades de salud en el mundo, según el informe “5vidas” publicado por la organización no gubernamental , también premiada con el Premio Nobel, Médicos sin Fronteras.

Pero no solo las ONG defienden su aplicación. Nicolás Sarkozy, recientemente, declaró que “es necesario que las finanzas participen en la reparación de los daños que han provocado, poniendo en marcha este impuesto” y diversos politicos, como Angela Merkel o Mariano Rajoy se han sumado a la iniciativa, junto a otros cinco países de la Unión Europea y otros no comunitarios. Sin embargo, a pesar de esta corriente de opinión favorable, hay numerosas voces que alertan de que la “Tasa Tobin” no es la solución.

Los argumentos en contra son varios:

1.-Esta medida sólo tendría efectos positivos si fuese una medida global, es decir, adoptada por todos los países del mundo, ya que si sólo fuera adoptada por los países de la Eurozona, los bancos trasladaría sus sedes sociales a otros sitios más rentables, como Londres o Nueva York. 

Sin embargo, ya hay varios y prósperos países  (Brasil, Corea del Sur, India,…) que aplican los ITF. De hecho, como señalaban en el periódico El País recientemente los expertos en temas financieros Stephan Griffith-Jones y Avinarh Persand, el Reino Unido ha gravado unilateralmente, sin esperar a que otros le siguieran, sus transacciones de valores con un Impuesto sobre la Transmisión de Valores No Documentada del 0’50%, lo que ha reportado a sus arcas varios miles de millones.

2.-Los bancos repercutirían el importe del nuevo impuesto a sus clientes, por lo que sería el ciudadano quien lo financiaría.

Lo cierto es que esta tasa se diseñó para ser baja (entre el 0’05% y el 0’2%) y se está hablando de penalizar sólo las operaciones puramente especulativas, que están basadas en movimientos de alto riesgo y volatibilidad. Dichas actividades están identificadas y su gravamen no tendría así porqué recaer en el ciudadano. Además, el seguimiento de dichas actividades potenciaría la eficacia de los reguladores y supervisores financieros, lo cual también rebajaría la posibilidad de nuevas crisis económicas .

3.-Esta tasa puede ser sorteada tanto por los bancos como por las empresas multinacionales que no estén de acuerdo con ella, gracias a prácticas financieras sofisticadas e ingeniosas.

Efectivamente es una tasa que, si no estuviera supervisada y regulada convenientemente, estaría sujeta a cierto descontrol (el mismo descontrol que ha propiciado la crisis económica que vivimos). Pero son dichas prácticas inadecuadas y esa falta de control las que precisamente se intentan erradicar con la aplicación de los IFT: acabar con los parísos fiscales, el fraude fiscal y la economía sumergida. Serían de hecho las primeras y más importantes medidas a adoptar en la búsqueda de la reestructuración del sistema financiero.

La propia Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) destacó que la tasa Tobin permitiría recaudar 720.000 millones de dólares anuales y el PNUD afirma que con el 10% de dicha suma sería posible proporcionar atención sanitaria, suprimir las formas más graves de malnutrición y proporcionar agua potable a todo el mundo. Por todo ello, y teniendo en cuenta la mala situación económica internacional, resulta curioso que no se apueste por una medida que, ya en 1997, se definió en la publicación Le Monde Diplomatique como  una “minima exigencia democrática”  y un “impuesto solidario” que, siendo módico, “permitiría erradicar la pobreza extrema antes de comienzo de siglo”.  Desgraciadamente, este artículo se refería al siglo XX.

 

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