El estado del bienestar y la atención sanitaria de los europeos, en peligro

Europa, el continente defensor del estado del bienestar, impulsor de los derechos sociales y cuna de las revoluciones ciudadanas, no garantiza la universalidad de los sistemas de salud de los países que lo componen. Ni siquiera que dichos sistemas de salud estén basados en la solidaridad, sean justos y abiertos a todos sus habitantes. Así se desprende del informe sobre la atención sanitaria presentado recientemente, en Madrid, por los presidentes de las diferentes sedes internacionales de la organización Médicos del Mundo.

Dicho informe desvela las consecuencias que la crisis económica y las medidas de austeridad adoptadas por los gobiernos están generando, especialmente en los colectivos más vulnerables: inmigrantes en situación irregular, solicitantes de asilo, personas sin techo o familias sin ingresos económicos,…Todos ellos están siendo víctimas de la disminución o desaparición total (según el país en el que vivan) de los sistemas que les garantizaban una asistencia sanitaria con anterioridad.

El deterioro de la salud de pacientes extremadamente vulnerables es un serio motivo de preocupación ya que, como muestra el informe, las mujeres y los menores de edad han pagado las consecuencias de las crisis más que otros sectores de población. Así, en numerosos países, las embarazadas sin seguro sanitario deben afrontar todos los gastos de la atención prenatal y el parto. Además, los obstáculos legales y económicos están excluyendo a un número creciente de niños de la atención sanitaria, incluyendo la vacunación.

En España, por ejemplo, el gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012 un real decreto (16/2012) que modificó las condiciones de acceso a la asistencia sanitaria. El ciudadano pasó de beneficiario de un derecho a asegurado en un servicio. La reforma dejó fuera de la asistencia normalizada a los inmigrantes en situación irregular pero en realidad toda la población está sufriendo las consecuencias de este cambio de modelo.

De hecho, tanto las personas migrantes, con y sin permiso de residencia, como aquellas de nacionalidad española han de hacer frente a copagos en los medicamentos. La situación de precariedad económica de muchas familias hace que dicho copago suponga una barrera que impide el seguimiento de tratamientos que garanticen el fin de sus enfermedades o la disminución de la gravedad de las mismas.

La propia Comisión Europea, que recomienda “la eficiencia y el control del gasto en asistencia sanitaria en España”, asegura que las medidas impuestas con la reforma de 2012 han derivado también en efectos indeseados, como el aumento de las listas de espera o el número de reclamaciones relativas a las restricciones de acceso a la asistencia sanitaria.

Los últimos datos recopilados por Médicos del Mundo, a partir de 29.400 consultas en sus centros de atención y clínicas de toda Europa (en 25 ciudades de 8 países: Alemania, Bélgica, España, Francia, Grecia, Holanda, Reino Unido y Suiza) desvelan que dos tercios de las mujeres embarazadas no había recibido atención prenatal antes de llegar a los dispositivos de la organización; sólo uno de cada dos niños había sido vacunado contra el tétanos, la hepatitis B, sarampión o tosferina, y que simplemente el 2% de las personas usuarias de los servicios de Médicos del Mundo citaron la salud como uno de sus motivaciones para emigrar.

Quizá los europarlamentarios recién electos deberían releer el texto de la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea donde se especifica que ésta es “la organización de todos, una comunidad abierta al mundo y fundamentada sobre los valores de la libertad, la democracia, y la defensa de los derechos de todos sus ciudadanos”. ¿Será que en dichos derechos no está incluido el acceso a la atención sanitaria?.